No me refiero a toda la migración. Uso el término “cuatro calvarios” para referirme específicamente a los padecimientos consecutivos de esa cuota de los migrantes venezolanos conformada por la población de menores recursos.
La última que salió del país. La que soportó estoicamente por casi 15 años hasta que —con Maduro ya al frente, profundizando los desaciertos de Hugo Chávez— la crisis económica, el desempleo y la escasez se les vino encima en forma de tragedia humanitaria difícil de sobrellevar.
Como antes lo habían hecho sectores de las clases altas y medias, ocurrió que a partir del año 2017 los más pobres —perdidas ya sus esperanzas en el mar de la felicidad ofrecido por el Comandante Eterno— comenzaron también a huir del país.
Y así, agotados de esperar el milagro del fin de la pobreza prometido por una “revolución” que se había hecho en su nombre, multiplicaron exponencialmente el número de venezolanos en el exterior.
Como no tenían los recursos para irse en avión, y al final ni siquiera en autobús, la mayoría de los llamados eufemísticamente “grupos vulnerables” se marchó a Colombia. Y en algunos casos a Ecuador. Muchos lo hicieron a pie.
Cruzando páramos helados por las carreteras que atraviesan los andes colombianos. Rogando ayuda y albergue a lo largo del camino. Hasta llegar a una ciudad —Bogotá, Medellín, Cali o cualquier otra— en donde comenzar de nuevo.
Entonces el vecino país vio aparecer en sus calles, con sorpresa, un tipo de venezolano que no consigue empleo fijo, sobrevive en la economía informal vendiendo lo que encuentra al azar, haciendo trabajos menores a destajo, o mendigando abiertamente en las aceras y semáforos de las ciudades a donde arriban.
Así vivieron sus primeros padecimientos. El de abandonarlo todo, hogar y familia, para irse de “rebusque” a otro país y tratar de enviar algún dinero para ayudar a los suyos. El de pasar trabajos y miedos atravesando sin documentos una frontera controlada por las mafias, los guardias nacionales envilecidos y los colectivos paramilitares del gobierno venezolano.
Para luego intentar sobrevivir como fuese, en algunos casos protegiéndose en campamentos improvisados como los refugios en la entrada de Pamplona, el Parque El Agua de Bucaramanga o las inmediaciones del terminal de transporte terrestre El Salitre en Bogotá.
Como si no fuese suficiente con las dificultades extremas que ya habían padecido, el año 2020 entró con cuatro nuevas tragedias que han venido a agravar su situación. La pandemia del coronavirus, primero, que amenaza por igual la salud y la vida misma de los migrantes y de la sociedad receptora.
En segundo lugar, las dificultades económicas para sobrellevar la cuarentena decretada como obligatoria. Tercero, los brotes xenofóbicos, reforzados por algunos alcaldes y gobernadores que, a diferencia de la actitud solidaria del gobierno central, generan un ambiente hostil, de discriminación y rechazo en territorio colombiano.
Y, por último, a consecuencia de todo lo anterior, el caos y conflictos internos —y el fracaso personal— que ha significado el retorno forzoso de miles de migrantes al país del que partieron también forzados por las circunstancias. Lo más dramático.
La mayoría que retorna lo hace porque, dada la merma de sus ingresos producto de la economía informal por la cuarentena impuesta no tiene cómo pagar el día a día de los lugares donde pernoctan. Entonces el retorno obligado se convierte en el sufrimiento mayor. Pero, como han dicho algunos, prefieren “pasar hambre”, o “morirse cerca de su familia”, que hacerlo en el extranjero.
Quienes logran llegar a la frontera tienen dos opciones. O entran legalmente y caen en manos del gobierno, que los somete a cuarentena en lugares improvisados, sanitariamente mal dotados, y los utiliza como títeres a exhibir en sus campañas proselitista a través de una operación propagandística que pomposamente han llamado “Vuelta a la patria”.
O, para no padecer la cuarentena y el encierro oficial, se escapan por las trochas, los “caminos verdes” que pueblan la frontera colombo-venezolana, y se arriesgan a caer en manos de los “coyotes” de lado y lado que les cobran, en dinero o en bienes, como teléfonos celulares, o incluso trabajos forzados, el paso ilegal por los ríos Táchira y Arauca.
Lo más doloroso de todo es la ola de miedo que se ha generado entre algunas poblaciones y pobladores de los estados Táchira y Apure quienes temen que los retornados sean agentes de contagio del coronavirus y manifiestan con protestas de calle su rechazo a la instalación de campamentos para recibir a los que vuelven.
A lo que hay que agregar las vejaciones y estigmas que altos representante del gobierno rojo escupen contra los retornados acusándoles de renegados que traicionaron a su patria, hablando mal de ella en el extranjero, y ahora retornan a buscar cobijo que, cínicamente agregan, el gobierno revolucionario con “cariño” les ofrece.
El pase de factura de parte de la cúpula de militares golpistas y fanáticos civiles ultraizquierdistas que gobiernan al país y ha tratado de ocultar el “Yo acuso” que significa la emigración masiva, más la repuesta improvisada y la escasa información que ofrecen sobre el destino final de los retornados, alimenta un nuevo conflicto entre venezolanos que hace de estos migrantes no solo víctimas de rechazo en el país al que habían ido sino, ahora también, sujetos de sospecha en el país al que regresan. Al que pertenecen.
Son los nuevos parias del siglo XXI. El producto más acabado del “socialismo” errático, destructivo y criminal que conduce a Venezuela. Como en la letra de aquella canción colombiana, un modelo militarista que nació “sin corazón en el pecho”.