Antes era Cuba. Ahora es Venezuela. Durante largos años, una vez que a finales del siglo XX terminaron las dictaduras militares y la democracia se fue abriendo paso en América Latina, Cuba quedó reinando a solas como líder en el ranking de las naciones con el más grande número de presos políticos en el continente americano.
Pero el escenario cambió. De acuerdo a las cifras de la organización Prisioners Defended, una ONG que tiene sus oficinas en Madrid, en el presente es Venezuela el país con el más grande número de presos políticos en el nuevo continente. Ningún otro le compite. No solo ha superado, sino que ha triplicado el número de detenidos en Cuba. Lo que de por sí es una prueba de barbarie mayor.
A pesar del alerta internacional y del efecto condenatorio que representó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta socialista Michelle Bachelet, en los últimos meses el número de presos políticos ha crecido exponencialmente.
Las cifras más recientes del Foro Penal así lo revelan. En el Informe presentado el pasado 28 de enero por el Foro, una de las ONGs más rigurosas en el seguimiento de la represión en Venezuela, se revela que en lo que va de 2020 el régimen rojo alcanzó el más alto pico de estos veinte años arribando a la cifra de 976 presos políticos.
Es abrumador. De acuerdo a sus estadísticas, hasta el domingo 20 de enero el total de presos político registrados era de 273. Pero desde el 21 hasta el 28 de enero, el Foro Penal registró 850 nuevos arrestos. ¡Ochocientos cincuenta en siete días!, de los cuales, hasta hoy, 703 de las víctimas siguen privadas de libertad.
Lo que quiere decir que la escalada represiva no se detiene sino que crece y se hace directamente proporcional al desprestigio del régimen y a su ya irreversible pérdida de apoyo popular. Solo las bombas lacrimógenas, los tanques, las ametralladoras y el miedo los mantienen en el poder.
El panorama se hace más dramático y preocupante cuando se recuerda que el acumulado de arrestos por razones políticas realizados por el “Socialismo del siglo XXI” arribó en el mes de marzo de 2020 a 15 mil 278 detenidos. Una cifra descomunal que incluye a los retenidos temporalmente y a quienes llevan años recluidos en los calabozos del régimen.
Sin embargo, el sentido común nos dice que es muy probable que esa cifra se quede corta, porque el sistema de ocultamiento de la información, la ausencia de debido proceso en las detenciones y la construcción de fake news por parte de los aparatos de desinformación del gobierno es tan grande, que resulta imposible calcular con exactitud cuántos venezolanos han sido llevados a la cárcel –y en muchos casos vejados, torturados y asesinados–, en estos veinte años por disentir o protestar contra el gobierno militarista.
Una buena parte de quienes han ido a prisión son jóvenes cuyo único delito ha sido participar en manifestaciones de protesta contra el régimen. Están presos hombres que fueron importantes autoridades del gobierno rojo y fichas cercanas de Hugo Chávez, como los generales Baduel y Rodríguez Torres.
A prisión han ido muchos de los líderes fundamentales de la oposición. Incluyendo el ex candidato presidencial Henrique Capriles; el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; el más emblemático de todos los presos, Leopoldo López, el fundador de Voluntad Popular, quien fue liberado por sus propios captores y ahora se halla asilado en la residencia del embajador de España.
Por la cárcel, en una situación que demuestra la violación más absoluta de las normas constitucionales por parte de los caporales de hacienda feudal del PSUV, han pasado y aún siguen en prisión una veintena de los diputados de la resistencia democrática, legisladores electos en condiciones legítimas, reconocida por el propio árbitro electoral rojo, a quienes se les ha violado su fuero parlamentario.
También jueces que no quisieron obedecer la órdenes del Comandante Narciso, como María Lourdes Afiuni, cuya historia de maltratos y agresiones sexuales, convierten en historias de hadas los relatos de las cárceles gomecistas. Militares que sufrieron torturas hasta llegara a la muerte como el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Concejales, como Fernando Albán Salazar, quien fue lanzado por la ventana de los ensangrentados calabozos del Sebin, para simular que se había suicidado luego de fallecer a manos de sus torturadores.
Ciudadanos comunes que hicieron un tuit contra Diosdado Cabello, el prehistórico del mazo dando. O que colocaron en las redes un video de Maduro siendo abucheado en una calle cualquiera del país. Médicos que atendieron en los hospitales a manifestantes heridos de bala por los pistoleros de los colectivos paramilitares. Ingenieros que advirtieron la crisis eléctrica que se avecinaba. O vecinos que le abrieron la puerta de sus casas a alguien que huía de la persecución policial, también han ido a la cárcel. Muchos por largos meses.
Lo paradójico es el poco peso que este descomunal acumulado de sufrimiento humano, humillación y violación de las libertades democráticas, tiene en la opinión pública y el casi nulo espacio –al menos en Colombia es muy notorio–, que ocupa en los medios informativos internacionales.
Que nosotros los venezolanos y las democracias occidentales nos acostumbremos al horror, es lo peor que nos puede pasar. La existencia masiva de presos por razones de conciencia resalta el carácter bárbaro y totalitario de los chavistas.
Venezuela ya no es un país. Es un campo de concentración de 916.445 kilómetros cuadrados. La prisión, la semana pasada del diputado Renzo Prieto, bajo una acusación de terrorismo que ni el más ingenuo de los jueces se cree, es una prueba más de esta aberración. Con Chávez el país ya era un cuartel. Ahora, con Maduro, es un calabozo.