Que el gobierno de facto dirigido por Nicolás Maduro haya nombrado presidente de la institución electoral a un ex ministro de Hugo Chávez y también de Maduro es –no hay manera de interpretarlo de otro modo– un escupitajo en pleno rostro del adversario. Una afrenta y una burla. A la Constitución, las leyes, el sentido común y la dignidad de los venezolanos. Especialmente a la resistencia democrática.
Nombrar jefe del equipo que debe garantizar la limpidez de las elecciones por venir a un operador político que ha sido varias veces miembro principal del tren ministerial rojo es un acto de descaro. Algo así como designar al lobo, niñera de Caperucita. Poner al siquiatra Edmundo Chirinos de masajista en un campamento vacacional de quinceañeras. O, elegir a Donald Trump cocinero jefe en un campo de refugiados mexicanos.
Nombrar a Pedro Calzadilla, ex ministro de Cultura de Chávez y de Educación Universitaria de Maduro, es un gesto de arrogancia. Porque tanto el ordenamiento legal aún vigente como el sentido común, y una mínima idea del respeto al pluralismo, indican que los directivos del Consejo Nacional Electoral, de cualquier árbitro electoral de cualquier país democráticamente decente, deben ser –o por lo menos, parecerlo– figuras independientes.
Pero al poder rojo, acostumbrado al abuso crónico, a cruzar una y otra vez la raya amarilla, a cargarse impúdicamente cualquier legislación, ya no le importa siquiera simular un comportamiento digno. Todo lo contrario. Gracias a los tanques y cañones de las fuerzas armadas pretorianas que los mantienen al mando, se sienten tan seguros que no pierden oportunidad de enviar una señal para recordar su omnipotencia. “El poder es nuestro, nos pagamos y nos damos el vuelto y si no lo entienden, peor para ustedes. ¡O aceptan nuestras reglas o no juegan!”. Ese es el mensaje de la elección del nuevo CNE.
Incluso si Calzadilla fuese un hombre bueno y justo, una especie de San Francisco de Asís de la política –si no hubiese dado continuidad, durante dos años, al aparato de persecución de adversarios en el que Francisco Sesto, su antecesor, convirtió al ministerio de Cultura–, el solo hecho de haber sido ministro del régimen lo inhabilita (los artículos 296 y 9, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales exige que sean “personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”)
para ejercer un oficio tan delicado en la democracia como ser responsable de garantizar que los procesos electorales no sean manipulados por ninguno de los bandos en competencia.
No es esa la peor burla que la cúpula gubernamental nos está haciendo. El chavismo sigue las instrucciones de El gatopardo: “cambiar las cosas para que todo siga igual”, poner pañitos calientes para que el condenado a muerte se relaje, pero asegurarse de que igual se muera.
Es lo que han hecho al colocar a dos miembros, en teoría no oficialistas, en la nueva directiva del CNE, pero reservándose los otros tres –los que deciden por mayoría simple–, en manos de fichas incondicionales del partido oficial. Un viejo truco. De la época cuando Jorge Rodríguez, otro militante oficialista, era presidente del CNE, y los dos “representantes” opositores creaban la sensación de que en el organismo se debatía cuando en realidad eran mirones de palo. Invitados de piedra.
Como los croupier estafadores, el chavismo ha actuado para asegurarse de que los contendores no abandonen la partida, pero, eso sí, que las ganancias le queden, completas, a “la casa”. Lo vemos en las primeras decisiones de la nueva directiva.
Además, siguen siendo bochornosamente mentirosos. Los voceros del régimen han vendido la nueva directiva como resultado de un acuerdo nacional de “todas las fuerzas políticas”. Nada más falso. El arreglo fue gestado con opositores manpuestos –Henrique Carpiles y Stalin González al frente– mientras se dejaba fuera a las fuerzas políticas más importantes de la oposición, las reunidas en la Asamblea Nacional elegida en el 2015. La única institución con legitimidad electoral existente hoy en el país.
De nuevo, el aparato de estrategias chavistas le ha lanzado un juguete tóxico, una trampa cazabobos –un trapo rojo para que se entretengan embistiéndolo–, a las fuerzas democráticas. Y el anzuelo se lo han tragado los sectores urgidos de sustituir a como de lugar el liderazgo que por los momentos aún se encarna en el presidente interino Juan Guaidó.
Pero la verdadera treta de fondo, donde el oficialismo ha colocado el caramelo de cianuro, es en el reconocimiento opositor a la Asamblea Nacional espuria, elegida de manera amañada el pasado diciembre y no reconocida por el mundo democrático internacional.
Si las fuerzas opositoras aceptan como legítima esté nueva directiva del CNE, pero aun si deciden participar en las elecciones anunciadas, automáticamente están reconociendo la legitimidad de la AN de Maduro. Si lo hacen estarían traicionándose a sí mismas, desdiciéndose sé sus posiciones de rechazo a las elecciones legislativas pasadas y, de facto, abandonando toda la resistencia y apoyo internacional.
Deberán, entonces, desconocer el rechazo de más de sesenta países democráticos a la AN roja, abandonar la administración de los bienes del Estado venezolano que algunos gobiernos le han confiado, aceptar la devolución al chavismo del oro que está en el Reino Unido, eliminar las representaciones diplomáticas del presidente Guaidó en muchos países, la OEA y el Grupo de Lima. Es decir, ceder el poco territorio conquistado, aunque sea en el exterior, por estrategia opositora alguna en los últimos cinco años.
Para utilizar el lugar común generalizado, la oposición desesperada de protagonismo apuesta por logar unos pocos camarotes en el Titanic ya cerca del iceberg. Todos sabemos que muy pronto se aplicará la Ley del Estado comunal y las alcaldías, gobernaciones y cámaras municipales pasaran a mejor vida.
La pregunta que surge es: “¿Entonces que hacemos, nos quedamos paralizados?”. Le corresponde a la dirección política opositora responder. Solo nos queda claro que es una pérdida de tiempo y esperanzas insistir en rutas fracasadas. Que la vía electoral dejó de servirnos a partir de 2015 cuando el gobierno de facto desconoció el parlamento legítimamente electo y mostró su verdadera naturaleza dictatorial.
Que los opositores ansiosos de cargos no condicionaron su colaboracionismo a que liberaran los presos políticos y los diputados presos; ni a la normalización de los partidos políticos inhabilitados; a la apertura del registro electoral que es una caja negra donde el CNE modifica a su antojo mesas y votantes; o al respeto a las oenegés que mantienen con vida el periodismo independiente; o al uso que la ley asigna a los canales públicos para hacer campaña electoral. Obviamente no hay elecciones libres. Hay payasería, ópera bufa, simulacro para tontos.
El guion que viene lo conocemos bien. La oposición irá dividida a las elecciones. Los seguidores de Capriles y González, más otros ansiosos de un cargo, ganarán algunas gobernaciones. Quizás, una o dos. De inmeidato, allí donde no gane, el gobierno nombrará unos “protectores”, como Freddy Bernal en el Táchira, que serán el verdadero gobierno local.
Y todo continuará, tal y como hoy está. El chavismo seguirá en el poder absoluto, pero ahora legitimado, por muchos, muchos, años más. El principio de Tomás di Lampedusa habrá funcionado de nuevo: “Hay que cambiar algo, para que todo siga igual”.
Mientras tanto, los zamuros, beatíficamente, siempre atentos, planeando en el aire, seguirán cuidando la carne de votos sobre los que se abalanzarán, como siempre, la noche de las elecciones, al momento de dar los resultados.